La agenda del capital en favor de la liberalización de los flujos de comercio e inversión
globales sigue inexorable su curso: la Organización Mundial de Comercio (OMC) se
reunirá del 10 al 13 de diciembre en Buenos Aires, en un intento por reflotar este
instrumento para la gobernanza neoliberal tras el fracaso continuado de la llamada
Ronda de Doha. Se busca así dar un nuevo impulso al viejo sueño de conformación de
un gran mercado global desregulado al servicio de las grandes empresas
transnacionales, a través de la firma de un acuerdo multilateral que recoja los
principales hitos y elementos de la nueva agenda corporativa.

La OMC y la nueva oleada de tratados
Esta nueva intentona por situar a la OMC en el centro de la gobernanza económica
neoliberal se enmarca dentro de una ofensiva más amplia con varios frentes
complementarios. El más importante de ellos es la nueva oleada de tratados de
comercio e inversión, que han subido a la palestra mediática en los últimos años, y que
incorporan toda una serie de elementos novedosos, cada cual más lesivo para el
interés de las capas populares. Son los llamados tratados de nueva generación.
La Unión Europea, y dentro de la misma el Estado Español de manera destacada,
están jugando un papel de vanguardia en esta nueva ofensiva del capital. Así, el
pasado 27 de octubre (el mismo día en el que se aprobaba la aplicación del artículo
155 contra el pueblo catalán) el senado español dio luz verde, con los votos de PP y
PNV, a la ratificación del tratado CETA, entre la Unión Europea y Canadá. Un tratadomodelo
a ojos de la UE, es decir, que recoge los principales dispositivos que se
pretenden potenciar en esta nueva fase: eliminación de aranceles, mecanismos de
resolución de las disputas entre empresas y estados (los famosos tribunales de
arbitraje en los que empresas pueden denunciar a estados), y, sobre todo, la llamada
convergencia regulatoria. A través de este mecanismo se pretenden armonizar,
mediante la fijación de estándares a la baja, el conjunto de normativas que pudieran
afectar a los flujos de comercio e inversión: derechos laborales, medio ambiente,
servicios públicos, etc. Así, esta armonización a la baja tendría consecuencias
inmediatas en nuestras vidas: destrucción de empleo, pérdida de derechos laborales,
cuestionamiento de convenios colectivos, privatización de lo común y lo público
(sanidad, educación, pensiones), obstáculos a la implementación de políticas dirigidas
a lograr la igualdad entre mujeres y hombres, aumento de costes de medicamentos,
disminución de los estándares de calidad alimentaria mediante la apertura de puertas
a prácticas de procesamiento de alimentos prohibidos en la UE. Y un largo etcétera.
Europa está actualmente negociando tratados de este tipo con otros 25 países y
organizaciones regionales, como Japón, Mercosur o la India entre otras. Destacan a
este respecto dos acuerdos vitales, tanto por la importancia de sus firmantes a nivel
político y económico, como por lo sensible de las materias que abarcan: TTIP y TISA.
El primero, a negociar con los Estados Unidos, fue definido como prioridad estratégica
de la UE en 2015, pero está en un cajón actualmente por chocar con la agenda
reaccionaria de Donald Trump, cuya estrategia definitiva respecto a este tipo de
tratados está aún por tomar cuerpo. Aun así, el CETA abre las puertas de la UE a las
principales multinacionales estadounidenses, a través de las filiales que gran parte de
estas poseen en territorio canadiense. El segundo afecta a la gran tarta de los
servicios, que representa casi el 70% de las actividades económicas de nuestra
sociedad. Con el TISA el capital global quiere por un lado, que se eliminen las
regulaciones que puedan obstaculizar su camino, para dejar el paso aún más libre a
las corporaciones proveedoras de servicios transnacionales (importaciones, puertos,
operaciones bancarias, movimientos de personas y mano de obra barata) y por otro,
que los servicios públicos se abran aún más al mercado. Esta medida afectaría a
ámbitos tan dispares como el comedor de una pequeña escuela gestionado con
productos locales, hasta una administración que intentara remunicipalizar su servicio
de aguas. En general constituye un ataque de enorme magnitud a la posibilidad de
implementar una gestión mínimamente democrática de nuestros bienes y servicios
comunes, como el transporte público o la educación, y no digamos a la posibilidad de
ampliar la insuficiente oferta de servicios públicos de cuidados, imprescindibles para
avanzar en términos de igualdad. Asimismo, la lógica única del máximo beneficio
tendrá un fuerte impacto en la protección de las consumidoras de los mismos.
En definitiva, estamos ante una ofensiva que, mediante una ininteligible sopa de letras
que se negocia en la opacidad y el oscurantismo más absolutos, pretenden derribar los
últimos resquicios del estado del bienestar, reduciendo nuestros derechos a meras
mercancías en manos de una minoría. Y es en este marco donde surge la iniciativa de
impulsar de nuevo la OMC como espacio de referencia de la agenda corporativa. Las
personas y el planeta somos fichas de un tablero global, y la siguiente partida se juega
en Argentina.

Buenos Aires: Una cita ineludible para los pueblos
La cumbre de la OMC de diciembre en Buenos Aires ocupa un lugar central en los
intentos de consolidación de esta estrategia al servicio de las empresas
transnacionales. Se trata de ampliar al espacio multilateral lo que hasta ahora se ha
venido desplegando a traves de acuerdos bilaterales. Es, por tanto, un salto cualitativo
que amenaza nuestros derechos y la soberanía popular, y es fundamental articular una
respuesta a la altura de la magnitud del ataque.

Efectivamente, el capitalismo heteropatriarcal, a través de instituciones
antidemocráticas como la OMC o el Fondo Monetario Internacional (FMI), operando de
tú a tú junto con estos tratados de comercio e inversión, trata de fortalecer las bases
de un modelo en el que somos simple mercancía, y una agenda, la de su modo de
vida hegemónico. La desregulación de las finanzas, la reducción de nuestros
derechos, la militarización, la xenofobia, la mercantilización de todos los aspectos de la
vida, hacen peligrar nuestra propia supervivencia como ya peligra la de millones de
personas, sumergidas en sus guerras económicas, desplazadas o en exclusión, que
directamente “no sirven” desde la óptica del sistema.

En este enloquecido Monopoly aparece una nueva calle en disputa: el comercio
electrónico y la posesión de datos. Este es precisamente uno de los objetos de
discusión que se priorizarán en la Cumbre de la OMC de diciembre. En Buenos Aires
se van a intentar dibujar las lineas maestras de estos nuevos mercados, promoviendo
una amplia liberalización de los mismos. Esto afecta a ámbitos tan dispares como la
no restricción del movimiento de datos personales y su posesión (para su
mercantilización, o para la compra de tierras, por ejemplo), el recorte de libertades en
nombre de la seguridad, el expolio del conocimiento o el control de las tecnologías.
En definitiva, la Cumbre de Buenos Aires es un hito central dentro de toda una
estrategia para aumentar los espacios de mercantilización de la vida, al servicio de las
cuentas de beneficios de unas pocas grandes corporaciones. En un contexto de crisis
multidimensional como el que vivimos (alimentaria, de cuidados, económica,
medioambiental…), las decisiones que se tomen en esta cumbre sólo agravarán más
esta situación, pues supondrán una vuelta de tuerca a un modelo que es precisamente
el que nos ha traído hasta aquí.

Hoy, los pueblos debemos de ser determinantes en esta lucha por la vida misma.
Saliendo a la calle, fortaleciendo otras formas de vivir basadas en la solidaridad, la
igualdad, el cuidado colectivo de la vida, la autogestión y el apoyo mutuo, reforzando
los poderes locales y desobedeciendo la lógica criminal de los mercados y de sus
cómplices. Para ello tenemos una primera cita con la movilización frente a esta
Cumbre de la OMC, también desde Euskal Herria.

Euskal Herriak TTIP eta CETA ez!
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