¿Para qué necesitamos un centro vasco de empresas transnacionales y derechos humanos?
2022/02/23

[Juan Hernández y Gonzalo Fernández]*

Los 6.000 barriles de petróleo vertidos por Repsol en Perú; la participación de CAF en el ilegal tranvía que une Jerusalén con las colonias edificadas en territorios ocupados palestinos; la precariedad en el servicio ofrecido por Domusvi en la gestión de las residencias vascas. Estos tres casos, lamentablemente, son únicamente botones de muestra de una práctica sistemática de conculcación de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales.

Práctica que tiene como denominador común la impunidad, pese a los hechos probados o a las sólidas denuncias cursadas. Esta aparente paradoja se explica mejor si atendemos a un modelo hegemónico de gobernanza que entroniza a las grandes empresas, poniendo a su servicio toda una pléyade de resortes institucionales. Una impunidad política pero también jurídica, sostenida en base a un sistema que antepone los intereses de las multinacionales a la defensa efectiva de los derechos colectivos. Una impunidad que, finalmente, se recubre con el pomposo relato de la responsabilidad social corporativa y la diligencia debida, promoviendo cambios voluntarios y unilaterales de carácter socioambiental en las actuaciones empresariales, en contraprestación a que su marco regulatorio no solo no se refuerce, sino que incluso siga desmantelándose.

Revertir esta situación es una prioridad, máxime en un contexto marcado por un capitalismo verde y digital al servicio del poder corporativo y sus megaproyectos. Este es precisamente el objetivo de la propuesta de centro vasco de empresas transnacionales y derechos humanos que impulsa Euskal Herriak Kapitalari Planto: crear una estructura público-social que rinda cuentas sobre las actuaciones internacionales de las multinacionales con un significativo volumen de negocio en la CAV, así como del capital foráneo que opera en nuestro territorio; que recoja denuncias e instruya de oficio casos; que acompañe jurídica y psicosocialmente a víctimas y poblaciones afectadas; que plantee cambios sociales en las políticas públicas; y que, en última instancia, proponga sanciones a las corporaciones que conculquen los derechos humanos.

¿Cómo se concretan estos objetivos? ¿Qué medidas podrían establecerse para enfrentar o al menos paliar la actual impunidad vigente? Realicemos un ejercicio de simulación del caso antes citado de Repsol, analizando las diferencias que se hubieran podido dar si el centro existiera.

Repsol es una transnacional española que ha trasladado a la CAV el domicilio social de la mitad de sus secciones estratégicas (Industrial y Clientes), siendo Petronor su punta de lanza. El 15 de enero fue responsable del vertido de petróleo en Callao (Perú), con unos impactos ecológicos y sociales sin parangón en el país andino.

La empresa negó inicialmente la gravedad del desastre, trató de evitar su responsabilidad achacándolo al factor externo de un tsunami, subcontrató el servicio de reparación en base a trabajadoras en condiciones precarias e insalubres, y centró sus esfuerzos en contrarrestar la posición del nuevo Gobierno peruano, beligerante inicialmente, hoy mucho más matizada tras la salida abrupta de la ministra ecologista Mirtha Vázquez. En esta estrategia de presión ha contado, con toda seguridad, con el apoyo diplomático del Estado español, que públicamente ha permanecido en un clamoroso silencio, mientras entre bambalinas muy posiblemente avalaría el relato corporativo ante el Ejecutivo peruano, «recordando» a su vez la vigencia de los tratados comerciales en vigor, siempre al servicio de las multinacionales.

En resumen, el marco político-jurídico de impunidad a pleno rendimiento, mientras la diligencia debida se limita en la práctica, y en el mejor de los casos, a ofrecer reparaciones pírricas a cambio de evitar sanciones, al mismo tiempo que Repsol anuncia un beneficio neto en 2021 de 2.500 millones. Todo atado y bien atado.

Si contáramos con un centro, este podría haber actuado tanto de oficio como tras la recepción de denuncias por parte de personas, sindicatos y/o comunidades afectadas. Se pondría entonces en marcha una alerta que abriría el consecuente proceso de inspección pública in situ (ni evaluación externa ni auditoría privada) según protocolo específico, en el que se recogen datos y testimonio de todas las partes involucradas.

Si hubiera indicios suficientes, el expediente se consolida, iniciándose una nueva fase de consulta con todas las entidades competentes. Esta incluiría necesariamente un requerimiento de información de los procesos abiertos en Perú, una delegación de afectadas a Euskadi que recibirían audiencia en el Parlamento y otras instancias públicas, así como una estrategia impulsada por el centro para el acompañamiento a la situación económica, emocional y jurídica de estas.

Finalmente, el expediente se cerraría con una resolución pública, que podría concluir con la responsabilidad civil, penal y/o administrativa de la empresa. En consecuencia, podría ser sancionada con su exclusión de los procesos de contratación e inversión pública (imaginemos, por ejemplo, que Petronor no pudiera acceder a los fondos destinados al Corredor Vasco del Hidrógeno), e incluso obligada a devolver las ayudas de las instituciones vascas.

De este modo, frente a la impunidad corporativa, las alianzas público-privadas como premisa política y el silencio cómplice de mass media e instituciones, el centro sería un espacio riguroso de investigación y comunicación, que promovería además la protección y articulación social, con capacidad en última instancia para proponer sanciones y reformas políticas que sí obliguen a las multinacionales a cambiar sus actuaciones. Un catalizador, en definitiva, para situar la defensa de lo común sobre lo corporativo.

*(OMAL-Paz con Dignidad)

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